Para Coparmex, las propuestas de la fracción parlamentaria del PRI son serias y van en la dirección correcta; deben ser la base de un proceso de análisis y diálogo público, con el compromiso de parte de todos los actores políticos y sectores involucrados de aprobar en este periodo de sesiones las reformas que tanto necesita México.
Lo que procede es trabajar sobre los aciertos que contienen e identificar los puntos susceptibles de mejora, complementación, corrección o reorientación, con base en criterios técnicos; no políticos, ideológicos o partidistas. Es lo que demanda la población, que necesita soluciones y está cansada de que se pospongan.
Si se enriquecen estas propuestas y se aprueban con la mejor fórmula, en combinación con el potencial de factores como los contratos incentivados de Pemex y una Ley de Asociaciones Público-Privadas, la inversión como proporción del PIB puede llegar a aumentar más de 4 por ciento. Con ello, será posible alcanzar tasas anuales de crecimiento iguales o superiores a 6% y generar más de 800 mil empleos por año.
Tanto la iniciativa laboral como la fiscal presentadas contienen puntos de coincidencia fundamentales con las posiciones que han manejado las principales fuerzas políticas. Más aún, abordan abierta y directamente temas cruciales, en los cuales, hasta ahora, habían predominado posturas intransigentes, que no permitían ni siquiera su discusión.
Este es el caso de las medidas propuestas para resolver el problema de los tratamientos preferenciales en los impuestos al consumo, los cuales limitan sensiblemente la capacidad recaudatoria y tienen un efecto regresivo, porque los principales beneficiados son los sectores de mayores ingresos.
La iniciativa fiscal presentada coincide con varias propuestas que ha hecho Coparmex, las cuales son positivas para la inversión, el crecimiento y la generación de empleos.
En ambos casos, buscamos ampliar la base de contribuyentes y dejar un solo impuesto directo a los ingresos, reduciendo la carga fiscal y administrativa de personas físicas y morales. Esto para fines de competitividad y simplificación.
Estamos de acuerdo en la deducción de la inversión en activos al momento de su pago y en reducir al mínimo necesario las exenciones de IVA, con una canasta básica libre del gravamen, para proteger a los sectores de menores ingresos.
Desde luego, habrá que analizar a fondo los efectos potenciales de cada una de las medidas contempladas y replantear aquellas que pudiesen tener consecuencias distintas a las deseables, como puede ser el caso del régimen para pago de dividendos propuesto, la homologación de la tasa de IVA en las zonas fronterizas y la propuesta de devolución de un 3% del impuesto al consumo; asegurémonos de que sea la mejor opción de protección y apoyo a la población más vulnerable.
Quedan pendientes asuntos como la mejora recaudatoria en estados y municipios y una reingeniería del ejercicio del gasto público en los tres niveles de gobierno.
Sin embargo, la propuesta es un punto de partida sólido para construir un modelo que tenga efectos favorables en el corto plazo y más aún en el mediano el largo plazo.
Las proyecciones sobre el impacto recaudatorio deben contemplar todos los factores en el corto, mediano y largo plazos, incluyendo el aumento potencial en la propia recaudación, derivado de la inversión y el crecimiento que generarían los cambios planteados.
En el caso de la reforma laboral, la iniciativa priista incluye varias de las demandas y propuestas históricas de Coparmex, así como muchos de los acuerdos a los que hemos llegado los sectores de la producción en los últimos 16 años de negociación.
Se contempla la ampliación y flexibilización de las formas de contratación, a través de esquemas como el periodo de prueba y la figura de la capacitación inicial por un periodo de tres a seis meses, con los candados necesarios para evitar abusos de cualquiera de las partes. Se reglamenta el trabajo temporal e incorporan mejoras sustantivas en materia de término de relación laboral, con un enfoque de conciliación y agilización de los procesos.
La propuesta plantea medidas para profesionalizar y hacer más eficiente el derecho laboral, lo que redundará en una mayor certidumbre jurídica para los trabajadores, las empresas y los inversionistas. Además, se resuelven aspectos que actualmente ponen en riesgo la viabilidad misma de las empresas y sus puestos de trabajo, como el caso de los salarios caídos. Todo esto facilita la movilidad laboral, con mayor certeza para todos.
Estos cambios tendrán impactos reales en la economía. Sólo con hacer más competitivas las condiciones de contratación laboral, podemos subir cuando menos 20 lugares en el Índice de Competitividad Laboral, del Foro Económico Mundial. Paralelamente, estaremos incidiendo para empezar a resolver el grave problema de la informalidad. Hoy, más del 52% de los empleos en México no cuentan con seguridad social.
Al igual que con la iniciativa fiscal, habrá que revisar a detalle, para complementar, mejorar y reorientar lo que sea necesario. En el tema de la productividad, debemos cuidar que no se limite o condicione la capacidad y autonomía de gestión y planeación de las empresas. Este es un derecho fundamental y factor crítico de la competitividad y la sustentabilidad de cualquier negocio.
Lo fundamental es no desaprovechar esta ocasión de lograr las reformas que urgen. Esta es una oportunidad real para hacer que México retome el papel de liderazgo que debe tener entre las naciones. Demos al mundo y a todos los mexicanos, la señal de que estamos asumiendo la responsabilidad sobre nuestro destino.
Es tiempo de que nuestro país acceda a una nueva fase de confianza, reconciliación social, visión de largo plazo, desarrollo económico y aumento real del bienestar social. Demostremos que los mexicanos podemos ponernos de acuerdo; anteponer el bien de la nación a cualquier interés particular o de grupo.
Es responsabilidad de todos y un compromiso de Coparmex.
Reciban un saludo afectuoso para todos.
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